Estudiantes inmigrantes a riesgo de perder su matrícula para residentes tras una demanda de la administración de Trump

Heciel Nieves Bonilla, Editor de Noticias 

Sal Orlando, Editor Adjunto de Noticias

Algunos estudiantes inmigrantes de Virginia temen perder acceso a la educación terciaria tras un acuerdo entre Virginia y el Departamento de Justicia (DOJ en inglés) del presidente Donald Trump que, pendiente a ser aprobado por un juez, terminaría su elegibilidad para la tasa estatal de matrícula.

El DOJ demandó a Virginia el 29 de diciembre, impugnando leyes que otorgan tasas y ayudas financieras estatales a residentes del estado a pesar de su estatus migratorio — incluso los que se benefician de la ley “Virginia Dream Act” del 2020. Esta ley expandió esta elegibilidad a refugiados y otros estudiantes con estatus migratorio, siempre y cuando cumplan con requerimientos económicos y de residencia.

El desacuerdo del DOJ se basa en que la protección se extiende a “extranjeros ilegales,” sosteniendo que la ley discrimina contra ciudadanos estadounidenses y da un incentivo para la inmigracion indocumentada.

El fiscal general saliente Republicano, Jason Miyares, decidió llegar a un acuerdo con el DOJ antes del año nuevo, en vez de luchar el caso. Si un juez aprueba el acuerdo, los estudiantes indocumentados que reciben tasa de matriculación y asistencia financiera dentro del estado perderán esos recursos estatales inmediatamente.

The Commonwealth Times se comunicó con varios estudiantes y exalumnos de Virginia que podrían verse afectados por el cambio, y protegerá su anonimidad para su seguridad. Algunos se negaron a hablarle al CT por temor a represalia de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

Un exalumno anónimo que se graduó en diciembre con un diploma de comunicación en masa tuvo un estatus migratorio por gran parte de su tiempo en VCU. Ahora trabaja en una organización sin fin de lucro apoyando a individuos con una condición genética poca común, y desea trabajar con publicidad.

“Gracias a esta ley específica, pude tener una matrícula para residentes e ir a la universidad debido a mi estatus migratorio”, dijo la persona anónima. “Literalmente me cambió la vida.”

VCU no mantiene registros de cuántos estudiantes tienen estatus no ciudadano, según un pedido a través de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA en inglés) de parte del CT. La universidad se negó a dar comentarios en cuanto a la demanda.

“Es una situación extraña en la cual estar, y ya que tienes tanto miedo de que la persona equivocada se de cuenta, en ocasiones se siente muy solitario”, dijo la persona anónima. “Simplemente es lindo que a la gente se le está informando sobre algo que tal vez ni siquiera tengan que considerar.”

Una persona anónima actualmente estudiando en el colegio comunitario Germanna le dijo al CT que pudo pagar su primer semestre universitario con matrícula para residentes estatales, pero no recibió ayuda financiera. Este semestre, logró recibir ayuda a través de la Solicitud de ayuda estatal alternativa de Virginia (VASA en inglés), la cual permite que estudiantes la llenen sin tener ciudadanía o ser un “no ciudadano elegible”, cosa que se requiere para la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA en inglés).

“Oír de todas estas noticias y nuevas leyes nada más es decepcionante, por decir lo menos,” dijo la persona anónima.

Daniel Morales, co-director del Laboratorio de Estudios Migratorios en VCU y profesor adjunto de historio, dijo que tener una población de alta educación en Virginia es algo positivo y aumenta la productividad de las personas a través de sus vidas. Sin ayuda financiera y matrícula más baja para residentes estatales, a la gente se les quitará el poder costear la universidad.

El 72.1% de los residentes no ciudadanos de Virginia están en la fuerza laboral civil, comparado con el 62.7% de residentes nacidos en los EE.UU, según el Instituto de Política Migratoria.

“No hablamos de estudiantes extranjeros sin vínculo a la comunidad, sino personas que han vivido aquí en nuestras comunidades a lo largo de la mancomunidad desde que eran niños o bebés”, dijo Morales. “Al tener niños aquí, tienen el derecho a la educación pública y ya han pasado por la escuela secundaria en Virginia. Nosotros como sociedad ya hemos invertido en su éxito.”

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) y el Centro de Ayuda Jurídica y Justicia (LAJC en inglés) presentaron una petición de emergencia para intervenir en la demanda el 31 de diciembre. La objeción a la demanda fue de parte del Proyecto Sueno, una organización sin fin de lucro en Virginia que ofrece becas y orientación a estudiantes inmigrantes.

El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF en inglés), el cual se auto-describe “la organización Latina primaria de derechos civiles a nivel nacional”, también ha demandado de parte de estudiantes inmigrantes en otros estados que han sido perseguidos por el DOJ a base de sus políticas de matrícula para residentes estatales.

El sucesor de Miyares, el fiscal general electo y demócrata Jay Jones, dio comentarios sobre la demanda, diciendo que es “un ataque contra nuestros estudiantes y un intento deliberado de ganarle al reloj para prevenir que una administración nueva los defienda” en una publicación de X.

“Este es exactamente el tipo de extralimitación federal que rechazaron los residentes de Virginia en Noviembre, y es lo que yo sigo comprometido a luchar como el siguiente fiscal general”, dijo Jones. “Mi equipo está revisando todas las opciones legales disponibles a la Mancomunidad.”

Jones tomará juramento para su puesto el sábado 17 de enero, junto con la gobernadora-electa Abigail Spanberger y la vicegobernadora-electa Ghazala Hashmi.

Traducido por Heciel Nieves Bonilla.

NOTA DEL EDITOR: El CT ha tomado la decisión de proteger la anonimidad de los estudiantes entrevistados para esta noticia para protegerlos de cualquier represalia potencial de parte de ICE.